Constitucionalidad de los MASC tras la Ley Orgánica 1/2025: ¿requisito legítimo u obstáculo a la tutela judicial efectiva?

El debate surge a raíz del archivo de una demanda de modificación de medidas relativas a menores por no haberse acreditado el intento previo de MASC. El órgano judicial entendió que la aplicación automática del requisito podía generar una vulneración del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y elevó cuestión de inconstitucionalidad.

El núcleo del problema es especialmente sensible en materia de familia. La propia ley reconoce la existencia de materias especialmente protegidas —como las que afectan a menores— en las que el acuerdo de las partes no puede desplegar efectos sin control judicial. No obstante, no excluye con claridad estas materias del requisito previo obligatorio de MASC.

La cuestión jurídica es evidente:

• ¿Puede exigirse un trámite previo que, por su propia naturaleza, no puede culminar en acuerdo plenamente eficaz?
• ¿Constituye ello una carga desproporcionada para acceder al órgano jurisdiccional?

Este es el eje sobre el que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional.

El artículo 24 CE garantiza el acceso a la jurisdicción sin que puedan imponerse obstáculos desproporcionados o irrazonables.
El Tribunal Constitucional ha admitido históricamente la existencia de requisitos de procedibilidad —reclamación administrativa previa, intentos de conciliación, etc.— siempre que cumplan tres condiciones:

1. Finalidad legítima.
2. Proporcionalidad.
3. No vaciamiento del derecho fundamental.

El debate actual gira en torno a si el modelo obligatorio de MASC, en determinados supuestos, supera ese test de proporcionalidad.
La finalidad es clara: descongestionar juzgados y fomentar soluciones extrajudiciales. La duda se centra en si el medio elegido resulta idóneo y necesario cuando la controversia versa sobre materias especialmente protegidas.

En procedimientos que afectan a menores, el juez tiene una función de control de legalidad y protección del interés superior del menor. No se trata de derechos plenamente disponibles por las partes.

Si el acuerdo alcanzado debe ser necesariamente homologado judicialmente y puede ser revisado de oficio, surge la pregunta:

¿Tiene sentido imponer un trámite previo obligatorio cuyo resultado, en última instancia, dependerá del control judicial? La aparente contradicción normativa es uno de los argumentos que sustentan la cuestión de inconstitucionalidad.

En 2026 el debate sobre la posible inconstitucionalidad de los MASC se sitúa en el centro del proceso civil tras la admisión a trámite de la cuestión por el Tribunal Constitucional.

La cuestión no es meramente técnica ni académica. Lo que está en juego es la constitucionalidad del requisito de intentar un Medio Adecuado de Solución de Controversias antes de demandar, cuando dicho trámite se configura como condición obligatoria de acceso a la jurisdicción.

El análisis constitucional gira en torno a tres ejes fundamentales:

• La compatibilidad del requisito con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
• La proporcionalidad del filtro preprocesal impuesto por la Ley Orgánica 1/2025.
• La coherencia del sistema cuando se aplica a materias especialmente protegidas, como aquellas que afectan a menores o derechos indisponibles.

La admisión a trámite no implica pronunciamiento sobre el fondo, pero sí evidencia la relevancia constitucional de la cuestión planteada.

Desde una perspectiva procesal, 2026 es un año clave para determinar si el legislador puede imponer la negociación previa como regla general o si deben establecerse modulaciones en determinadas materias.

Resumen de esta tabla comparativa:

• Antes de la Ley Orgánica 1/2025, el MASC era principalmente voluntario.
• Tras la Ley Orgánica 1/2025, el intento de MASC es obligatorio en determinadas materias.
• Actualmente constituye requisito de procedibilidad.
• Su omisión puede impedir la admisión de la demanda.

Conviene recordar que la admisión a trámite de la cuestión no suspende la vigencia del precepto.
Desde un punto de vista procesal, esto implica:

La falta de acreditación del intento previo puede determinar la inadmisión o archivo de la demanda, con el consiguiente perjuicio en plazos y costes.

Es imprescindible analizar desde el inicio:

• Si la materia está sujeta al requisito.
• Qué modalidad de MASC resulta adecuada.
• Cómo documentar correctamente el intento.
• Qué hacer ante negativa o incomparecencia de la contraparte.

El requisito previo introduce una fase adicional que puede dilatar el acceso efectivo al proceso judicial, lo que no es irrelevante en materias urgentes o sensibles.

El Tribunal Constitucional dispone de varias opciones interpretativas:

• Declaración de inconstitucionalidad parcial en determinadas materias.
• Interpretación conforme, limitando la exigencia en supuestos sensibles.
• Validación plena del modelo con matizaciones.

En cualquiera de los casos, la resolución sentará doctrina sobre los límites constitucionales de los requisitos de procedibilidad en el proceso civil.

El legislador ha apostado por un cambio de paradigma hacia la negociación previa obligatoria. Sin embargo, el equilibrio entre eficiencia y garantía de derechos fundamentales exige precisión técnica.

No se trata de cuestionar la utilidad de los MASC —que pueden resultar altamente eficaces— sino de determinar si su imposición generalizada como filtro de acceso respeta el núcleo esencial del derecho fundamental. De hecho, cuando se utilizan de forma estratégica y voluntaria, mecanismos como la mediación de conflictos pueden ofrecer soluciones ágiles y eficientes, evitando la judicialización innecesaria del litigio.

Este debate conecta directamente con la evolución legislativa reciente que ya analizamos en los artículos anteriores:

• Evolución de los modelos MASC en el sistema procesal español
• Análisis de la Ley Orgánica 1/2025 y su impacto procesal