Procuradores de España

La organización de procuradores de España que hemos consolidado nos permite ofrecer al abogado un servicio integral de calidad en todo el territorio español con un trato totalmente personalizado. Nuestros clientes tienen a su disposición los mismos interlocutores para cualquier procedimiento, sea cual sea su demarcación judicial.

La agilidad e inmediatez de respuesta ante cualquier gestión se fundamenta en dos pilares básicos:

• Nuestros corresponsales nos proporcionan la proximidad necesaria a los tribunales de justicia en los que ejercemos.
• El contacto directo con todos los procuradores de nuestra red y el uso de la tecnología más vanguardista nos permite garantizar un seguimiento exhaustivo de cada caso, pudiendo aportar información de cualquier asunto judicial en tiempo real.

Los partidos judiciales en España son divisiones territoriales dentro del sistema judicial español. Cada partido judicial está compuesto por uno o varios municipios y tiene asignados uno o varios juzgados que atienden los asuntos legales y judiciales correspondientes a esa área geográfica. Los partidos judiciales son importantes porque facilitan la administración de justicia a nivel local.

España está dividida en diferentes divisiones judiciales llamadas partidos judiciales. Actualmente hay 431 partidos judiciales distribuidos por Comunidades Autónomas: Andalucía 85 – Aragón 16 – Asturias 18 – Baleares 6 – Canarias 19 – Cantabria 8 – Castilla y León 41 – Castilla-La Mancha 31 – Cataluña 49 – Ceuta 1 – Comunidad Valenciana 36 – Extremadura 21 – Galicia 45 – La Rioja 3 – Madrid 21 – Melilla 1- Murcia 11 – Navarra 5 – País Vasco 14.

En España, un procurador es un profesional del derecho que actúa como representante procesal en los tribunales en nombre de las partes involucradas en un proceso judicial. Su función principal es llevar a cabo todos los trámites necesarios ante los juzgados, como presentar escritos, recibir notificaciones judiciales y realizar actos de comunicación entre las partes y el órgano judicial. Trabajan en estrecha colaboración con los abogados, que son los encargados de proporcionar asesoramiento legal y representación jurídica a sus clientes.

Existe una tarifa oficial que determina los honorarios del procurador en España en función del tipo de procedimiento judicial. Estos honorarios o aranceles de los procuradores cuantifican las actuaciones y trámites judiciales en los que intervienen y están sujetos a un sistema de fijación que bascula entre un máximo y un mínimo de lo que se puede cobrar, con una flexibilidad del 12%. Los procuradores están obligados a presentar un presupuesto previo a sus clientes, mientras que estos deben abonar una provisión de fondos al inicio del trámite.