Concursos de microempresas: requisitos, tramitación y papel del procurador

El denominado concurso de microempresa es el procedimiento especial del Libro Tercero del texto refundido de la Ley Concursal (TRLC). Introducido por la Ley 16/2022 y aplicable desde el 1 de enero de 2023, contempla dos vías: continuación o liquidación, con o sin transmisión de la empresa en funcionamiento.

Su diseño simplifica la tramitación mediante formularios normalizados y medios electrónicos. Esto no garantiza una duración ni un coste determinados: las incidencias, la información disponible y las actuaciones necesarias influyen en el desarrollo de cada expediente.

El artículo 685 TRLC se aplica a personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial o profesional ycumplan conjuntamente el requisito laboral y uno de los dos umbrales económicos:

• Plantilla: media de menos de diez trabajadores durante el año anterior a la solicitud, considerando la equivalencia de las horas trabajadas prevista en la ley.
• Dimensión económica: volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la solicitud.
• Si existe un grupo, estos criterios se calculan en base consolidada.

La alternativa entre facturación y pasivo es relevante: no es necesario estar por debajo de ambos importes. La denominación comercial de «microempresa» tampoco sustituye esta comprobación concursal.

Ejemplo ilustrativo: un negocio con cuatro trabajadores, 800.000 euros de facturación y 200.000 euros de pasivo puede cumplir los umbrales de tamaño por la vía del pasivo. Todavía habrá que verificar el resto de presupuestos del procedimiento.

El artículo 686 contempla la probabilidad de insolvencia, la insolvencia inminente y la actual. La liquidación sin transmisión de la empresa exige insolvencia actual o inminente si la solicita el deudor, y actual si la pide otro legitimado. Además, si al menos el 85 % de los créditos corresponde a acreedores públicos, solo cabe la liquidación.

La continuación busca una solución mediante un plan; la liquidación ordena la realización del patrimonio y puede incluir la transmisión de la empresa en funcionamiento. La elección requiere estudiar la viabilidad, los activos, la composición del pasivo y las condiciones legales de cada opción.

En la preparación del encargo conviene que el abogado identifique la vía prevista y las actuaciones que necesitarán representación procesal. Esta definición facilita que el procurador organice el expediente y que el presupuesto delimite el alcance del servicio.

El Servicio Electrónico de Microempresas facilita los formularios normalizados para las distintas fases. Cumplimentarlos o descargarlos no equivale por sí solo a acreditar su presentación: debe utilizarse el canal habilitado y conservarse el justificante correspondiente. El sistema de comunicaciones o la sede aplicable debe comprobarse para el órgano de destino.

Como pauta de trabajo para el despacho, resulta útil preparar una carpeta única con:

• Identificación del deudor, datos de contacto y documentación de la representación.
• Información económica contrastada: inventario, relación de acreedores, importes y datos de contacto actualizados.
• Memoria de la situación del negocio, información laboral y contratos relevantes.
• Formularios, anexos y versiones definitivas identificados con claridad.
• Justificantes de presentación y registro de comunicaciones posteriores.

Antes del envío, conviene cotejar nombres, identificadores e importes entre formulario y anexos. Una revisión cruzada entre abogado y procurador ayuda a detectar diferencias documentales sin desplazar al procurador la valoración jurídica o contable del asunto.

Sí. El artículo 687.6 TRLC exige asistencia letrada y representación procesal mediante procurador para la participación del deudor en el procedimiento especial. La tramitación electrónica mantiene esta exigencia.

El abogado dirige la estrategia jurídica y asesora sobre la solución concursal. El procurador asume la representación procesal y se coordina con el letrado en la presentación de actuaciones, la recepción de notificaciones y el seguimiento de los trámites que le corresponden.

Para que esa coordinación sea útil, cada comunicación debería permitir identificar qué resolución se ha recibido, qué actuación requiere, quién debe prepararla y cuál es el plazo aplicable. Un registro compartido de estas tareas facilita la continuidad del trabajo cuando intervienen varias personas del despacho.

«Microempresa» delimita el ámbito del procedimiento especial; «sin masa» se refiere a una situación patrimonial. La falta de bienes no debe llevar a elegir automáticamente el régimen general de los artículos 37 bis y siguientes sin analizar el encaje del deudor en el Libro Tercero y las reglas aplicables al caso.

El artículo 720 TRLC contempla la conclusión del procedimiento especial por insuficiencia de masa activa para satisfacer créditos contra la masa. Por tanto, detectar que el patrimonio es insuficiente exige revisar el cauce y sus efectos, sin prometer un cierre inmediato.

Para profundizar en la organización de expedientes de este otro ámbito, puede consultar nuestro artículo sobre concursos sin masa y gestión procesal masiva:

Concursos sin masa: cuando la excepción se convierte en gestión masiva

El coste depende de las características del expediente y de las actuaciones necesarias. Para conocer el importe, conviene solicitar un presupuesto que diferencie:

• Honorarios del abogado, por el asesoramiento y la dirección jurídica del procedimiento.
• Derechos del procurador, por la representación procesal, conforme al arancel aplicable.
• Otros gastos, cuando procedan, como la intervención de otros profesionales o las actuaciones adicionales.

El presupuesto debe indicar qué servicios incluye, los impuestos y suplidos aplicables y qué actuaciones se facturarían aparte.

Para preparar una propuesta ajustada al encargo, es útil facilitar información sobre el deudor, sus activos y deudas, el órgano competente y si se prevé una continuación o una liquidación.